Solidaridad con Cristina ante «el vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial»
El foro compuesto por 16 países denunció el «vergonzoso uso de la justicia y de los medios de comunicación para apartar un liderazgo representativo» y cuestionó que «se han desconocido los derechos de la Vicepresidenta al debido proceso, el buen nombre y la posibilidad de representar a su pueblo en unas elecciones libres».
El Grupo de Puebla, el foro político y académico de la izquierda de América Latina, el Caribe, España y Portugal, expresó su «solidaridad» con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que enfrenta un «vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial», al referirse a la condena judicial de seis años que recibió la exmandataria en el marco de la causa denominada Vialidad.
«El Grupo de Puebla se solidariza con la vicepresidenta de la República de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ante el vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial, proferido en su contra», afirmó el Grupo de Puebla en un comunicado.
El Grupo cerrará filas para denunciar ‘lawfare’ contra Fernández de Kirchner y entregarle su «apoyo transversal», en un encuentro que se desarrollará el próximo lunes en Buenos Aires, en el que el presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta volverán a mostrarse juntos.
«El Grupo de Puebla se solidariza con la vicepresidenta de la República de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ante el vergonzoso ataque político, vestido de fallo judicial, proferido en su contra»
En un comunicado, el bloque regional latinoamericano consideró que el fallo judicial «abre un nuevo capítulo de la guerra jurídica (lawfare) que se ha venido desarrollando en la región contra dirigentes progresistas» y cita como ejemplos los casos de «Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador».
«En este como en los otros casos -puntualiza el comunicado-, también se han desconocido los derechos de la Vicepresidenta al debido proceso, el buen nombre y la posibilidad de representar a su pueblo en unas elecciones libres. Inclusive se ha intentado atentar contra su vida hasta eliminarla físicamente».
Además, sostiene que las «guerras jurídicas dinamitan los espacios democráticos cediéndolos a turbias conspiraciones de poderes fácticos que utilizan la justicia con fines políticos, ocasionan severos daños reputacionales a los acusados y debilitan los proyectos políticos inspirados en la libertad, la justicia social y la soberanía de nuestros países».
El Grupo de Puebla, integrado por 16 países, recuerda que «precisamente, en días pasados el presidente Alberto Fernández denunció algunas de estas oscuras maniobras que bien podrían considerarse un preludio del lamentable episodio judicial conocido en el día de hoy».
Por eso, el bloque regional señaló que «llama a los organismos internacionales de derechos humanos a vigilar el desarrollo de este proceso en sus nuevas etapas procesales e invita al pueblo argentino y a sus fuerzas progresistas a responder estos ataques de manera unificada y pacífica».
«La verdad se impondrá y los pueblos sabrán condenar este vergonzoso uso de la justicia y de los medios de comunicación para apartar un liderazgo representativo y combativo como el de Cristina», finaliza el comunicado.
Firman el documento el presidente Alberto Fernández; Ernesto Samper, expresidente de Colombia; y los dirigentes Aloizio Mercadante, de Brasil; Cecilia Nicolini, de la Argentina; Alicia Bárcena, de México; Marco Enríquez-Ominami, de Chile; Andrés Arauz, de Ecuador; Verónika Mendoza, de Perú; Gabriela Rivadeneira, de Ecuador; Adriana Salvatierra, de Bolivia; Celso Amorin, excanciller de Brasil; Carlos Sotelo, de México; Esperanza Martínez, de Paraguay; Ricardo Patiño, de Ecuador; Aída García Naranjo, de Perú; Karol Cariola, de Chile; Guillaume Long, de Ecuador; Clara López, de Colombia; Carlos Ominami, de Chile; Ana Isabel Prera, de Guatemala; y Camilo Lagos, de Chile.
