A 11 años del 3J: la deuda del Estado sigue siendo con las mujeres
Por Sabrina Acuña.
El 3 de junio de 2015 marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Miles de personas se movilizaron en distintas plazas del país bajo una consigna que rápidamente se transformó en símbolo de lucha: “Ni Una Menos”. La convocatoria surgió tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Rufino, Santa Fe.
Su caso provocó una fuerte conmoción social y expuso una realidad que desde hacía años venían denunciando los movimientos feministas: la violencia machista y los femicidios en Argentina ya no podían seguir siendo naturalizados ni silenciados.
Once años después, la pregunta sigue siendo urgente: ¿qué cambió y qué sigue igual?
Esa primera marcha reunió a miles de personas frente al Congreso y en más de ochenta ciudades del país. Lo que comenzó como una reacción colectiva frente a los femicidios se transformó en un movimiento político, social y cultural que atravesó generaciones. “Ni Una Menos” logró instalar en la agenda pública debates que durante años habían sido invisibilizados: violencia de género, desigualdad, abuso, cuidados, justicia patriarcal y derechos de mujeres y diversidades.
Sin embargo, las estadísticas muestran que los femicidios continúan ocurriendo con la misma crudeza.
Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, desde el primer Ni Una Menos hasta mayo de 2026 hubo 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina. La cifra equivale a una mujer asesinada cada 30 horas.
Los datos de este año vuelven a mostrar una realidad alarmante. Entre el 1° de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 99 víctimas letales de violencia machista: 83 femicidios directos, 8 femicidios vinculados, 4 travesticidios/transfemicidios y 4 casos de instigación al suicidio. Solo entre enero y abril ya se habían contabilizado 80 víctimas fatales.
Pero detrás de cada cifra hay una responsabilidad política y estatal que sigue sin resolverse. Los femicidios no ocurren de manera aislada: son consecuencia de una violencia estructural sostenida también por decisiones políticas concretas.
Desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno nacional avanzó hacía un fuerte ajuste y desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género. La eliminación del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no fue solamente un cambio administrativo: significó el cierre de áreas específicas, la reducción de trabajadores especializados y el debilitamiento de programas que funcionaban como herramientas de contención y acompañamiento para mujeres en situación de violencia.
Uno de los recortes con más impacto se produjo sobre las políticas de asistencia económica y acompañamiento integral (programa ACOMPAÑAR) destinadas a mujeres en situación de violencia. La reducción presupuestaria, la paralización de programas y las dificultades de acceso dejaron a miles de mujeres sin herramientas concretas para poder salir de vínculos violentos. En muchos casos, depender económicamente del agresor sigue siendo uno de los principales obstáculos para denunciar o abandonar situaciones de violencia, por lo que el retiro del Estado profundiza todavía más esa vulnerabilidad.
El discurso oficial también significó un cambio político y simbólico. Desde sectores del gobierno se cuestionó abiertamente al feminismo, se relativizó la violencia de género y se intentó instalar la idea de que las políticas públicas destinadas a mujeres y diversidades eran “gasto ideológico”. En ese escenario, el reclamo de Ni Una Menos vuelve a cobrar fuerza como respuesta social y política frente al avance de discursos reaccionarios y antifeministas.
En los últimos días, los nombres de Agostina Vega, de 14 años en Córdoba; Dulce María Beatriz Candia, de 17 años en Misiones; y Noelia, asesinada en Temperley, reflejan una violencia que continúa cobrándose la vida de mujeres y adolescentes en distintos puntos del país. Femicidios que ocurrieron en la antesala de un nuevo 3J y reabrieron la misma herida que hace once años sacó a miles de personas a las calles por Chiara Páez.
La sensación es amarga: once años después, seguimos nombrando pibas asesinadas. Seguimos marchando con carteles llenos de nombres, fotos y edades demasiado cortas. Seguimos preguntándonos cuántas más faltan para que la violencia machista sea realmente una prioridad política y no apenas una estadística repetida cada año.
Porque el 3J también es duelo. Es memoria. Es el eco de todas las voces que faltan. Es la bronca acumulada de madres, hermanas, amigas y compañeras que tuvieron que convertir el dolor en lucha para exigir algo tan básico como seguir vivas.
A once años del primer Ni Una Menos, las calles vuelven a coparse porque todavía hay miedo, porque todavía hay enojo y porque todavía nos siguen matando. Pero también porque existe una memoria colectiva que se niega a acostumbrarse. Y mientras haya una sola menos, mientras sigan existiendo femicidios, habrá quienes vuelvan a ocupar las plazas para recordar que nuestras vidas no son descartables y que el silencio nunca va a ser una opción.
