El descargo de la Vicepresidenta y las repercusiones dentro del oficialismo y la oposición
Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que los fiscales de la causa Vialidad piden 12 años de detención por «los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas: el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos».
Referentes del oficialismo y de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) se pronunciaron sobre la defensa pública realizada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) le impidiera ampliar su declaración indagatoria en el juicio conocido como «Vialidad», en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo que «no querían escucharla porque no soportan el peso de la verdad. Este no es un juicio a Cristina Fernández, es un juicio al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares». Agregó que «la causa Vialidad es otra farsa armada sin pruebas por el Poder mediático-judicial diseñado por Macri».
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta dijo que lo expresado por la expresidenta «no solo deja claras las contundentes pruebas de la aberración judicial en su contra sino que expone con mucha certeza los verdaderos motivos de su persecución».
«Este es un juicio contra la ampliación de los derechos del pueblo, contra la dignidad de lxs trabajadorxs, contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Es eso lo que está en juego», añadió.
«no querían escucharla porque no soportan el peso de la verdad. Este no es un juicio a Cristina Fernández, es un juicio al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares»Martín Soria
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, destacó: «En una sola exposición, Cristina destruyó las largas horas de lectura de falsedades a las que nos sometió el fiscal Luciani».
Su par de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, evaluó que tuvo «la claridad de siempre», demostró la «ausencia de pruebas» del juicio y afirmó que «lo que está en juego es el disciplinamiento a los liderazgos populares que mejoran la vida del pueblo trabajador».
«En su lapidario alegato, @CFKArgentina mostró que el lawfare no solo busca perseguir a los dirigentes peronistas sino que también apunta a garantizar la impunidad del macrismo y que el verdadero objetivo de la persecución es quitarle a la sociedad sus derechos», señaló en Twitter el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Añadió que además de «demoler una por una las mentiras del fiscal, que ya se habían desmoronado en el juicio, mostró que la ‘nueva prueba’ que introdujeron para armar un show televisivo, una vez más, termina involucrando al macrismo en la corrupción que denuncian».
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dijo en Twitter: «Soy partidario del principio constitucional de inocencia y la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia. Me solidarizo con la vicepresidenta @CFKArgentina».
La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, replicó en redes sociales que «buscan revancha, no justicia», y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, escribió (dedicado a la Vicepresidenta) «escucharte es tener esperanza».
Para el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la exposición fue «contundente, clara, de cara al pueblo y sin mentiras» y expresó que «su compromiso con los derechos de las y los argentinos es siempre más grande que los intentos de desestabilización del partido judicial».
«Nos piden los 12 años por la Memoria, la Verdad, la Justicia, por el Fondo, por el salario de los laburantes… por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar», citó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
La Defensora del Público, Miriam Lewin, sostuvo el «impedimento del derecho a defensa» de Cristina Fernández como una «amenaza para la democracia» y manifestó que «pone en evidencia que se trata de una persecución política con fines de proscripción».
La titular del Inadi, Victoria Donda, subrayó que «la persecución» a la vicepresidenta tiene por objetivo «castigarla» por haber dirigido un «proceso de ampliación de derechos e inclusión» y dijo: «A quienes orquestan este plan los conocemos. Antes se escondían detrás de botas y fusiles; hoy lo hacen detrás de corbatas. Son títeres con título de abogados, al servicio del poder».
El diputado nacional del FdT Itai Hagman catalogó el descargo como «una clase magistral» sobre «cómo funciona el poder real en la Argentina» y aseguró que «no van a poder con ella, porque tiene al pueblo detrás #TodosConElla».
Su colega Vanesa Siley tuiteó: «Nosotrxs somos Cristina. No es personal, es político». Y su compañera de bancada Victoria Montenegro se refirió a un pasaje del discurso en el que dio a conocer mensajes entre el empresario y amigo del expresidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, que demuestran la «familiaridad» que había entre ambos.
También aludió a ese pasaje la senadora del FdT Juliana Di Tullio, quien publicó un gráfico comparativo entre la cantidad de llamados entre Caputo y López y escribió: «Teléfono para Luciani y Mola».
La diputada nacional Cristina Brítez se refirió al momento en el que la vicepresidenta saludó desde el balcón del Senado a los militantes y sostuvo: «¡Ella salió al balcón! ¡Sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país!».
El Partido Solidario (PSol) de Carlos Heller sostuvo que «lo que nuevamente ha quedado en evidencia es que el lawfare impone la culpabilidad como punto de partida» en tanto «primero se decide la condena y luego se pone en escena un supuesto proceso judicial para justificarla».
Desde la oposición
En tanto, dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron los argumentos brindados por Cristina Kirchner. «Por más que quiera, no podrá tapar la verdad; las pruebas son contundentes e inapelables. Aunque lo quiera, no habrá pacto de impunidad. Decadente. Fin del juego», tuiteó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
El titular del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, expresó que Fernández de Kirchner «no pudo explicar ni una palabra» de las «pruebas claves que incorporaron (los fiscales Diego) Luciani y (Sergio) Mola para demostrar su sociedad con Báez».
«Si hay algo valorable es que la Justicia no se dejó presionar», destacó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en un tuit acompañado por un video de una entrevista que brindó al canal TN después de finalizado el descargo de la vicepresidenta donde agregó que: «Argentina tiene un momento republicano claro, jueces que no se dejan amedrentar y no creo que se dejen amedrentar por 200 muchachos de La Cámpora».
El diputado del PRO Waldo Wolff tuiteó que «si tiene pruebas de que Caputo cometió algún ilícito que lo denuncié y se defienda él» y agregó que «hasta ahora no explicó nada de lo que se le acusa».
El senador nacional radical Alfredo Cornejo respaldó el juicio oral por la causa «Vialidad» y opinó que se están cumpliendo «las garantías del debido proceso». Los acusados «se pueden defender perfectamente», estimó Cornejo y analizó: «Argentina tiene que ser un país normal donde las instituciones funcionen».
Para el diputado nacional y presidente del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, «el juicio de la Obra Pública no disciplina a nadie» y agregó que «tiene que ser un hito en el avance para la integridad de toda la política argentina, Cristina Kirchner busca un pacto de impunidad pero sólo la Justicia nos va a hacer mejores».
El diputado radical Miguel Bazze opinó que la vicepresidenta «no puede probar su inocencia e intenta instalar dudas sobre el proceso judicial inventando una persecución política que no existe».
«Cristina está confesando que durante su gobierno hubo una connivencia entre sus funcionarios y los empresarios en el manejo irregular de la obra pública, se terminó el relato», dijo la diputada nacional y presidenta de la Coalición Cívica-ARI porteña, Paula Oliveto.
Fuente: TELAM.
