Katopodis : «Defendemos el patrimonio de los argentinos»
El ministro de Obras Públicas calificó como «una verdadera estafa» la administración de los peajes que hubo durante la gestión de Cambiemos y dijo que buscan declarar la «lesividad y nulidad» de los contratos de Ausol S.A.
El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, aseguró este jueves que el Gobierno «hará todo lo que tenga que hacer para defender al Estado y al patrimonio de los argentinos», y dijo se trataban de «una verdadera estafa» que deberá determinar la justicia los contratos de concesión de las autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste acordados por la gestión macrista, «absolutamente distorsivos y lesivos al interés general».
En diálogo con Télam Radio, Katopodis afirmó que «hay elementos muy claros» que así lo demuestran, por lo cual será «la justicia la que determine» si, como se interpreta desde el Ejecutivo, se trata de «una verdadera estafa».
En ese sentido, aseguró que desde el Gobierno nacional se encuentran «convencidos» de que hubo durante la gestión de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- «un aprovechamiento del Estado para hacer negocios, y que el sistema estaba preparado para que el Estado pierda plata y algunos se llenen los bolsillos».
En ese marco, subrayó que desde el Ejecutivo harán «todo» lo que haya que hacer «para defender al Estado y al patrimonio de los argentinos».
Al respecto, el ministro explicó que, a partir de la iniciativa oficial, «se abre un proceso judicial que en la Argentina sabemos que tiene sus tiempos», y agregó: «Por supuesto que ya he instruido al área jurídica para impulsar esta causa», aseguró.
En esa línea, precisó que se presentará en la Justicia para que se declare la «lesividad y nulidad» de los contratos de concesión a Ausol S.A., al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha «a medida de las empresas».
Además, argumentó que, «en algunas estaciones de peaje, se debería estar pagando $1.830 si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores».
De esta forma, las normas en cuestión tenían por objeto la cancelación de una presunta deuda por un monto por parte del Estado nacional en U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para Ausol y U$S 272.621.570 para GCO).
Finalmente, Katopodis advirtió que Macri «otorgó una dolarización al contrato» de las autopistas sin que hubiera «ningún componente que justifique» esa medida, y señaló que «se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria».
El Decreto 633/2022 publicado este jueves en el Boletín Oficial establece que se trata de «contratos absolutamente distorsivos», en referencia a los firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.
Boletín Oficial
La decisión de avanzar en este sentido fue anunciada el pasado miércoles por el presidente Alberto Fernández, quien señaló que «son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios».
De esta manera, el primer artículo del decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial indica: «Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida».
También, se instruye a Vialidad Nacional para «interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1» y se comunica la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.
Así, la decisión implica el inicio de una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.
